El aborto se considera un crimen en Kenia, excepto en el caso de que corra peligro la vida de la madre. Las mujeres que traten de interrumpir su embarazo son castigadas con siete años de prisión, y las que realizan los abortos, a condenas dos veces más largas. Las mujeres de clases más pudientes pueden pagar los 60-80 euros que cuesta un aborto efectuado a escondidas por un profesional en una clínica higiénica. Las mujeres con menos recursos deben confiar en los establecimientos clandestinos, donde curanderos no cualificados interrumpen los embarazos con agujas de tejer, lejía, pastillas para la malaria y otros métodos. Cada año mueren al menos 2.600 mujeres keniatas tras sufrir abortos ilegales y 21.000 son hospitalizadas por complicaciones derivadas de procedimientos clandestinos.

Sarah Elliott